TRANSFORMAR Y GOBERNAR.

TRANSFORMAR Y GOBERNAR.

Gobernar a diario y al mismo tiempo transformar a grandes pasos un régimen constituye un reto descomunal.

Una obligación y una intención de esas dimensiones demandan, sí, liderazgo, temple e inteligencia en el capitán, pero también conocimiento, habilidad, experiencia y versatilidad inauditas en los lugartenientes, sobre todo, si ambos propósitos se pretenden realizar sin sobresaltos ni rupturas. Exige eso, además de planes, flexibilidad y disposición a rectificar si es necesario.

Cuenta la voluntad, pero no basta por sí sola. Querer no es sinónimo de poder.

Quizá justamente por la ausencia de gobierno en las tres últimas gestiones, se pierde de vista una obviedad: asegurar tan solo, día a día, el funcionamiento eficiente, pulcro y eficaz de la administración y establecer un gobierno es una hazaña. Más, sin un servicio civil de carrera profesional, sólido y respetado.

Si a esa proeza se añade la pretensión de armar y aterrizar la transformación de un régimen quebrado, pero resistente al cambio y atado a tradiciones con tufo de injusticia, el desafío adquiere la talla de una gesta colosal. Y, en el arranque de esta nueva gestión, se percibe un problema que, de no controlarse y resolverse pronto, podría vulnerar la administración y frustrar aquella transformación.

Pese a haber sido nombrado con gran anticipación el gabinete, los integrantes de éste parecieran haber concentrado el esfuerzo y la atención en perfilar la transformación del gobierno, sin calibrar a fondo las tareas ordinarias de la administración. En la recepción de algunas dependencias se advierte un cierto desconocimiento del quehacer cotidiano, así como del engranaje y del equipo que, de ser el caso, posibilitarían su reajuste.

Se entiende que, durante la campaña y aun a sabiendas de la posición eventualmente a ocupar, los colaboradores pusieran el empeño en ganar la elección. La prioridad era la victoria electoral. Se entiende también que, durante el periodo de transición, dedicaran tiempo al armado de la transformación en su respectiva área de incumbencia. Se entiende eso, pero no que tomaran posesión del cargo sin conocer del mejor modo posible la administración y operación, en sus términos actuales, de su respectiva dependencia o área de trabajo. De eso depende, tras la victoria electoral, la conquista del gobierno y, de él, la transformación.

Puede parecer rutinario, incluso aburrido, tomar a cargo la administración, pero sin el dominio de ella es difícil generar la transformación del gobierno y el establecimiento de nuevos paradigmas.

Cambiar las ruedas de un tren sin detener su marcha nunca ha sido fácil.

Pese a la claridad del objetivo establecido y reiterado una y otra vez, se echan de menos planes, calendarios, estrategias, ritmos y hojas de ruta en la pretensión de engendrar un nuevo gobierno y transformar el régimen. De hecho, a diferencia de otras gestiones, aunque lo prometió, ésta descartó la costumbre de presentar el plan de los primeros cien días.

Puede ser o no importante fijar como muestra de la capacidad de alcanzar el objetivo último, el anunciar un plan de corto plazo para calibrar las posibilidades, pero sin esa estación de parada no se puede dar por sentado que se llegará al puerto de destino. El hecho asombra, sobre todo, conociendo la disciplina de Andrés Manuel López Obrador en el fijamiento de prioridades y la organización de la agenda.

Tal hecho obliga a preguntar cuántos frentes puede abrir, atender y resolver de manera simultánea el equipo comandado por el jefe del Ejecutivo. Cuántos de ellos es preciso encararlos aun en condiciones adversas, dada la urgencia de someterlos al imperio del gobierno, y cuántos otros conviene administrar sin pretender de inmediato su transformación.

No hay, desde luego, un manual infalible sobre ello. E, incluso, los planes suelen ser una mera aproximación entre el deseo y la realidad, pero siempre es conveniente esbozarlos para no perder el rumbo.

Emprender el camino sin esos rudimentos es complicado, sobre todo, reconociendo que la velocidad en la acción resulta clave para alcanzar los postulados.

Con frecuencia la falta de condiciones, la escasez de recursos, el temor a mover el tablero y no sólo las piezas o el gradualismo que, de lento, se convierte en inmovilismo han terminado por frenar o frustrar el anhelo de estructurar y ajustar el gobierno, a fin de impulsar un desarrollo más justo y equilibrado.

Esos factores y también la prevalencia de los privilegios sobre los derechos como la comodidad de hacer siempre lo mismo han dado lugar a una suerte de afición por la mediocridad en el crecimiento económico y el desarrollo social. El país, dicen, no avanza al ritmo ansiado, pero ahí va a paso lento. Ignorando o desafiando a la gente que no ve progreso alguno en su existencia y, ahora, contiene su desesperación.

Es comprensible la prisa del presidente López Obrador, pero no el desbocamiento, como tampoco la gana de retar o confrontar a quienes, sin resistirlo, le dan el beneficio de la duda sin renunciar a cuestionarlo. Quienes, como él, le apuestan a una transformación que recoloque al país ante el futuro.

El dominio del gobierno y la gerencia de la transformación reclaman prudencia y osadía. Combinación no fácil de integrar y equilibrar, pero fundamental para caminar, si no corriendo, sí a paso redoblado.

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA ELECTORAL.

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA ELECTORAL.

Este 1 de diciembre, México consolidó y alcanzó la mayoría de edad de su democracia electoral.

Después de una evolución a lo largo de casi cuatro décadas, donde el impulso de la sociedad, las sucesivas adecuaciones de la legislación electoral, la participación y el surgimiento de diversos partidos y movimientos políticos, así como la conformación de instituciones arbitrales y garantes de la democracia, en el México de hoy la alternancia en el ejercicio del poder, en todos los órdenes de gobierno, es una realidad cotidiana.

El arribo de don Andrés Manuel López Obrador a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, y la conformación de mayorías legislativas provenientes del partido que formó hace menos de un quinquenio, son el corolario de esta maduración.

El tránsito de la llamada dictadura perfecta a una democracia electoral vibrante, es por sí mismo motivo de alegría y esperanza, pero sobre todo, de renovado compromiso de trabajo en favor del gran futuro de México.

México debe evolucionar ahora, hacia la democracia participativa, fortaleciendo del régimen republicano y federal, la plenitud del ejercicio de las libertades individuales, y la obtención de niveles mayores de bienestar.

Corresponde hoy a don Andrés Manuel López Obrador, como Jefe de Estado y de Gobierno, encabezar el esfuerzo colectivo para que los mexicanos, podamos ver colmadas esas aspiraciones.

Quien por mandato de ley hoy nos representa a todos, está llamado a dejar atrás maniqueísmos y posiciones polarizantes. Al asumir el liderazgo nacional, el Presidente de la República debe ser factor de inspiración, moderación, concordia y de cohesión social.

MÉXICO Y LA CORRUPCION.

MÉXICO Y LA CORRUPCION .

Se acaba de dar a conocer la última encuesta de Latinobarómetro 2018 y en esta ocasión abundaron en el tema de la corrupción, que como es evidente por la atención acaparada en los medios masivos de comunicación, se ha convertido en uno de los principales asunto en la región, aunque todavía no logra desplazar a los temas económicos (economía y desempleo) y de delincuencia e inseguridad, que ocupan los dos primeros lugares.

Sin embargo, la corrupción a nivel latinoamericano fue considerada como el principal problema en su país por el 9% de la población encuestada y en el caso de México, llegó hasta el 14%, con lo cual se colocó en el cuarto lugar entre los 18 países en los que se aplica la encuesta. Los países que tienen porcentajes superiores a México son Colombia con el 20%; Perú, 19; y Brasil, 16; en contrapartida Uruguay, únicamente con el 1%. En el caso de México, la corrupción ocupa el segundo lugar, únicamente superado por la delincuencia con el 28%.

Latinobarómetro levantó su encuesta entre el 15 de junio y el 2 de agosto y al cuestionar sobre quiénes consideran que están involucrados en la corrupción, en México el mayor porcentaje lo obtuvo el presidente Peña Nieto y sus funcionarios con el 61% que respondió que así lo considera, esto coloca a México en el cuarto lugar entre los 18 países, únicamente por detrás de Venezuela y Paraguay, dónde el 65% de los encuestados los involucran; y Brasil, con el 62%. Muy por debajo del 26% de Uruguay; el 29, de Costa Rica; el 32, de Chile; y el promedio latinoamericano que es del 50.

Siguiendo el orden que ocupan en México, como involucrados en la corrupción, la siguiente institución es la policía, con el 60%, lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel latinoamericano, únicamente por debajo de Venezuela, con el 72% y muy por encima del promedio latinoamericano que es del 45% y de Uruguay y Costa Rica, con el 23 y 28 y Brasil, con el 27.

La siguiente institución en orden descendente son los parlamentarios, en el caso mexicano hablaríamos de los diputados y senadores, con el 59%, lo que lo coloca en el tercer lugar a nivel latinoamericano, donde lo superan Venezuela y Perú, con el 64 y 62%, respectivamente; y empata con Brasil, con el mismo porcentaje. El promedio latinoamericano es de 51% y los últimos lugares son Uruguay, con 25% y Costa Rica, 33.

Los jueces, logran estar por debajo del promedio latinoamericano y ubicarse en el octavo lugar, apenas por encima de la media tabla, con el 42% de mexicanos que consideran que están involucrados en la corrupción. En este caso el promedio es de 45; el más alto es Paraguay, con el 63%; y los más bajos nuevamente Uruguay y Costa Rica, con el 21 y el 23%, respectivamente.

Otras dos instituciones fuera del ámbito del sector público, pero con incidencia en la vida nacional, tampoco salen muy bien libradas: los empresarios y los líderes religiosos. En el caso de los primeros, México se sitúa justo en el promedio latinoamericano con 35%, en el séptimo lugar de la tabla, que encabeza Paraguay, 51% y, nuevamente, en los lugares 17 y 18: Uruguay y Costa Rica, con 23 y 22%.

Mientras tanto, los líderes religiosos mexicanos se ubican en el cuarto lugar de la tabla, con el 31% de las respuestas que los consideran involucrados en actos de corrupción, están arriba del 28% que es el promedio latinoamericano, muy por debajo de Ecuador y Chile, que encabezan la tabla con el 49 y el 45%.

Pero más allá de quienes están involucrados y quiénes no, hay otras tres preguntas que dicen mucho de cómo interactuamos los mexicanos con la corrupción. La primera es respecto a si es mejor quedarse callado, cuando se conoce un acto de corrupción: el 52% de los mexicanos estuvo de acuerdo con dicha afirmación, ocupando el sexto lugar en la tabla, y el 48, en desacuerdo. El promedio latinoamericano fue un empate en 48, entre los que estaban de acuerdo y en desacuerdo; y los que se manifestaron más claramente en desacuerdo con quedarse callados fueron Perú, con el 65% y únicamente un 31% de acuerdo y Uruguay, con 61, en desacuerdo y 35, de acuerdo.

Después se preguntó si consideraban que el quedarse callados implicaba convertirse en cómplices de la corrupción y el 79% de los mexicanos se manifestó de acuerdo, ocupando el cuarto lugar en la tabla y por encima del promedio de 74%, por debajo únicamente de Uruguay, Costa Rica y Argentina, con el 80 y de Brasil, con el 82. Otra pregunta muy reveladora es la que hicieron sobre si consideran que se puede pagar un precio de cierto grado de corrupción siempre que se solucionen los problemas del país, en este caso México estuvo en la parte baja de la tabla, en el décimo tercer lugar, con el 36% de los mexicanos dispuestos a pagarlo y por debajo del promedio latinoamericano de 40%; en este caso los que estuvieron por debajo fueron Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Guatemala.

Así los mexicanos tenemos bien identificados a los corruptos, sabemos que al no denunciarlos nos convertimos en cómplices de la corrupción (79%) y aunque únicamente una tercera parte está dispuesto a pagar el precio de la corrupción (36%), una mayoría de 52% prefiere quedarse callada. Vaya paradoja de esa sexta parte de la población que no está dispuesta a pagar el precio y que sabe que al no denunciarlo se convierte en cómplice; pero se queda callada.

EL CHAPO Y PEÑA.

Además de anticipar el destape de una cloaca que alberga suciedad al más alto nivel, el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán será lo más parecido a un reality show con insospechados niveles de audiencia.

Eso lo sabe y quizás hasta lo esté disfrutando “El Chapo”, quien además de narcotraficante rivaliza con el publicista más avezado del mundo a la hora de construir su propia leyenda. De bote pronto y para abrir boca, en el primer capítulo del juicio la defensa de Guzmán Loaera acusó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa. Ahí nomás.

Aunque dichas acusaciones suenan reales , sí ponen de manifiesto que el proceso será un circo mediático. Quizá hasta en una de esas termina involucrando a mucho más personajes de la vida nacional

Pero antes de El Chapo y su estridencia, existió otro capo que alcanzó niveles míticos. A principios de los ochenta Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más célebre de todos los tiempos, era un virtual desconocido no solamente a nivel internacional sino dentro de Colombia. Sin embargo, para aquél entonces su organización criminal ya controlaba buena parte de la distribución de cocaína hacia Estados Unidos y otros países.

En algunos círculos, Escobar era motivo de comentarios y cotilleo por el fastuoso e inexplicable tren de vida que llevó. Llamaba la atención su Hacienda Nápoles, un predio de casi 3 mil hectáreas que albergaba, entre otras cosas, un zoológico con 200 especies animales como jirafas, elefantes, hipopótamos, leones, cebras y avestruces.

La estrella de Pablo Escobar cambió cuando Virginia Vallejo, la presentadora de radio y televisión más prominente de aquél país y actualmente exiliada en Miami, decide entrevistarlo. Las cámaras de Vallejo quisieron proyectar a Escobar como filántropo, una especie de Robin Hood que trasladó a diez mil personas desde el basurero de Moravia a viviendas dignas.

Poco antes, hacia 1982, Escobar logra ser elegido diputado suplente del parlamento antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República, pero fue sin duda el haber aparecido en horario estelar lo que lo lanzaría a la estratósfera de la fama.

Escobar, discreto y retraído pero dueño de una portentosa inteligencia, comienza a sentir atracción por la publicidad y las cámaras. Ahí, con la entrevista a Vallejo, emprende la ruta de la notoriedad sin retorno que años después lo colocó en el ojo de las autoridades internacionales. Pablo Escobar pasó de congresista y narcotraficante a convertirse en el hombre más buscado del mundo en parte gracias a su tardío pero intenso afán de fama.

Salvadas las comparaciones, lo mismo ocurre con Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya afección a la publicidad en parte contribuyó a que hoy esté detenido y enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos. Tras su primera escapatoria del Penal del Altiplano, el Chapo mantuvo bajo perfil y vivió a salto de mata en la sierra de Sinaloa hasta que, como ocurre con muchos delincuentes, se cansó de que otros contaran su historia.

Guzmán Loera decide contactar a la actriz Kate del Castillo tras haberla visto en La Reina del Sur. Del Castillo había llamado la atención del narcotraficante desde que afirmó públicamente que confiaba más en “El Chapo” que en el gobierno de su país y llegó al extremo de escribirle una carta animándolo a regresar al camino del bien y la justicia.

Como es bien sabido, el actor Sean Penn aprovechó los contactos de la actriz mexicana y consiguió vender la exclusiva con Guzmán Loaera a la revista Rolling Stone, quien en 2016 publicó la entrevista que puso en ridículo al Gobierno mexicano pues resultaba inaudito que con múltiples gobiernos e instancias de seguridad buscándolo, haya sido más fácil para dos miembros de la farándula dar con el paradero del poderoso narcotraficante.

Más allá de rumores, medias verdades y lo que pudiera salir a la luz durante el juicio, me queda claro que la televisión ha sido fundamental a la hora de proyectar y ensalzar a los narcotraficantes como parte del paisaje cotidiano. También nosotros, como consumidores de dichos contenidos, ponemos nuestro granito de arena para que en muchos sentidos y dentro de ciertos estratos, la figura y estilo de vida del narco sean un camino aspiracional y referencia para algunos.

Queda claro que el propio afán de notoriedad de ciertos narcotraficantes ha labrado su camino a la perdición. Ahí están los casos de Pablo Escobar Gaviria y Joaquín El Chapo Guzmán para muestra de que la vanidad es mala consejera…

NUEVOS ÉXODOS .

NUEVOS ÉXODOS .

El hambre y la violencia son los instigadores de la caravana migrante hondureña.

Otro factor en la raíz de este éxodo es, paradójicamente, la estrategia de contención, detención y deportación seguida en México a partir de 2014, que se convirtió en un Vía Crucis para los migrantes.

Cuando la mejor idea que tuvo la Secretaría de Gobernación para disuadir a migrantes de seguir su camino hacia el norte fue que el tren «La Bestia» aumentara su velocidad de recorrido, quedó claro que no estaba sobre la mesa asomarse siquiera a los factores estructurales de esta sangría cotidiana.

Si uno se asoma a San Pedro Sula, punto de partida de la Caravana, de inmediato ve el abismo. El índice de homicidios en esta localidad excedió a 100 por cada cien mil habitantes, de los más altos del mundo. «En San Pedro Sula es mucho más fácil que a un joven lo maten de un balazo mientras se dirige a la parada del autobús, a que pierda la vida tratando de llegar a Houston a través de México», según dijo en 2016 una activista hondureña.

Son cuatro los factores de expulsión de migrantes en Guatemala, Honduras y El Salvador:

1. La economía extractiva que depreda recursos naturales y el círculo vicioso de las remesas, que se perpetúa porque el mejor negocio de las oligarquías centroamericanas es exportar pobres;

2. El deterioro ambiental en el corredor seco centroamericano, que se manifiesta en desastres «naturales»‘ agravados por la nula sustentabilidad en las políticas agropecuarias;

3. El secuestro del Estado por la élite política y las oligarquías económicas. En Honduras el golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009 y la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández enviaron la señal de que las vías pacíficas organización popular para el cambio están cerradas.

4. La violencia de las maras, pandillas y del crimen organizado que ejercen control territorial secuestrando, extorsionando, asesinando y hostigando a los ciudadanos de a pie.

A la caravana no le faltan padrinos, dicen Donald Trump, Fox News, Mike Pence y Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño. Ya seleccionaron a su galería de villanos favoritos, desde el depuesto presidente hondureño Mel Zelaya hasta el filántropo George Soros, y ya encarrerados afirman que vienen en la Caravana los maras y terroristas del Medio Oriente. Afirmaciones peregrinas sin prueba alguna, como el propio Trump reconoce.

Trump amenaza con que de no «cooperar» México con la tarea de deportación de migrantes centroamericanos, podría detener el proceso de firma y ratificación del T-MEC. Vaya paradoja: la renegociación del pacto comercial norteamericano excluyó a los intereses de los trabajadores migratorios, pero hoy los usa como monedas de cambio.

En México se dio un oportuno viraje de la represión en el primer momento, a la decisión de procesar las solicitudes de refugio de quienes desean quedarse en nuestro país. Sin embargo, en el ocaso del sexenio, el terrible abandono y deterioro que acusan el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ésta última acéfala en el momento más crítico de su tarea en todo el sexenio, merman seriamente su capacidad de respuesta.

Entiendo que el gobierno entrante no quiere echarse a cuestas un problema más que le toca enfrentar a quienes todavía están en funciones, pero el presidente electo podría dar certidumbre al proceso de refugio si designa a los titulares de INM y Comar.

No funcionará la estrategia de disuasión vía el desgaste contra los migrantes, que utilizan Trump abiertamente y algunos sectores del gobierno mexicano veladamente. Si seguimos dándole la vuelta a los factores que detonaron el éxodo, nosotros mismos seremos responsables de la gestación de nuevas caravanas.

IDAS Y VENIDAS DEL AEROPUERTO.

IDAS Y VENIDAS DEL AEROPUERTO.

Conque no era concluyente el arreglo que convinieron los constructores con el gobierno de Peña Nieto para las obras del aeropuerto en Texcoco. No parece que hayan leído la cláusula de escape que suscribieron y que facilita al gobierno liberarse de ellos mismos que, en caso extremo, podrían entrar en otras obligaciones incluso hasta con el aeropuerto de Santa Lucía.

Vaya pues. Así se arreglan las cosas en el ya fastidioso tema del aeropuerto que, por cierto, si tanto empeño tuvo Peña Nieto en hacerlo en Texcoco, bien pudiera haberlo empezado desde principios de su sexenio, con lo que hoy ya estaría inaugurado y funcionando.

De todas maneras, tras tanto discutir y tanta intensa controversia sobre cuestiones técnicas, financieras, aeronáuticas y desde luego políticas, todo acaba esta semana, tras de hablar con el Presidente Electo, los contratistas afectados, en una amigable declaración en la que nada ha pasado, Atrás quedó la repudiada consulta y las terribles amenazas de un tremendo debacle nacional con multas estratosféricas. Todo queda en que se anuncia con toda donosura y tranquilidad que nada se ha afectado y que se ha llegado a un cordial entendimiento donde conviven derechos que nunca estuvieron en duda.

¿Cómo explicarse lo que arriba se relata cuando a lo largo de varios meses se ha reiterado hasta lo obsesivo que la consulta era inadmisible y que no era vinculante, que no era constitucional, ni mucho menos válida, para luego llegar a una realidad que había que aceptar? El resultado de la votación sería en todos esos sentidos objetable ante tribunales pero, viéndolo bien, no se usaría ese recurso.

Había que salvar lo que de lo perdido apareciera y era el caso de entrar en alguna suerte de comunicación para recoger lo rescatable. La afilada cláusula de escape hacía necesario un arreglo: significaba que era fácil para la autoridad encontrar un pretexto para desligarse de los contratistas, sea por fuerza mayor o razones de estado. Los empresarios quedaron sin sustento, y enemistados, sin posibilidades de hallar otras obras que atender en el sexenio que se abría. Era mejor hacer las paces. Y así se hicieron, teniendo en mente las futuras oportunidades de ser contratados por el gobierno.

En la inmensidad la construcción del aeropuerto hay miles de oportunidades de hacer fortunas y las del gran proyecto no debían desvanecerse. Los empresarios harían lo necesario. No sabemos si fue la suerte que deslizó la mencionada cláusula, usual en los contratos con el gobierno, pero gracias a ella López Obrador tiene la dorada oportunidad de avanzar en su anhelado propósito de nulificar la corrupción en todo el ramaje de relaciones legales que pueblan el mundo de los negocios con el gobierno y empezar por los que proliferan en la obra llamada más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De ser verdadero el propósito el futuro Presidente de México puede comenzar ahora e ir avanzando a lo largo de todo su desempeño sexenal. La patria se lo agradecerá. La moralidad reaparecería como meta, con mayor fuerza que la campaña de Miguel de la Madrid. Una comunidad mexicana saneada sería ejemplar en el mundo.

Ojalá que así sea. La moralidad que ha de guiar el gobierno de la Cuarta Transición debe estar cimentarse en convicciones simples, caseras, provincianas. Puede partirse de conceptos liberales o religiosos para, instilar valores que mantienen el buen orden en las sociedades. Lo contrario es desfondar intencionadamente a la comunidad.

El desarrollo económico y social de nuestro país requiere de firmezas que no se van a encontrarse en los que viven en los márgenes de la comunidad sino en los que están en el centro de ella. La moralidad es ingrediente de la honradez que el país necesita para encausarse hacia el respeto que los ciudadanos nos debemos unos a otros.

Si las maniobras diseñadas por López Obrador en el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México tienen el objeto de limpiar de arreglos corruptos que pudieran en estos momentos anidar en ellas será indicio de que habrán más pasos hacia la moralización de la forma en que nos tratamos aquí, en nuestro país. Dios habría escrito derecho con renglones que parecían torcidos.

EL DRAMA HUMANO DEL ÉXODO CENTROAMERICANO,

EL DRAMA HUMANO DEL ÉXODO CENTROAMERICANO,

La migración por causas de violencia, exclusión y pobreza constituye un drama humano que trasciende las fronteras y va mucho más allá de los países de origen, tránsito y destino. En nuestros días, la migración no puede entenderse al margen de la globalización y de sus procesos económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural. Los cuales abrieron las puertas a la ciencia, la tecnología, los servicios, los productos y los capitales, pero no a las personas ni a sus derechos.

La orientación de la política económica global parece que ha ido demasiado lejos, ya que, en la lógica del dinero, no está el cuidado al medio ambiente, la preservación de los recursos naturales, el respeto a los seres vivos y, por ende, tampoco a la vida y dignidad humana.

Como sostienen diversos economistas, la globalización ha ido demasiado lejos, estamos en una era hiperglobalizada en donde la inseguridad, la desigualdad y la corrupción de Estado son una constante. El paradigma globalizador se construyó y avanzó sobre el descrédito de la identidad nacional, la solidaridad social y la ética; privilegió los vínculos económicos internacionales sobre los valores humanos; y desmanteló principios, costumbres, tradiciones, entornos y cosmovisiones que sustentaban al tejido social y a las economías locales, incluyendo las de autoconsumo.

En la hiperglobalización, la comida rápida no logra satisfacer el hambre de millones de ciudadanos del mundo y la era del conocimiento tampoco logra alfabetizarlos. Paradójicamente hoy, cuando la ciencia ha traspasado sus propias fronteras y la inteligencia artificial dejó de ser una ficción, millones de niñas y niños mueren a causa de diarreas.

El fenómeno migratorio debe ser visto desde una perspectiva humana y humanitaria, donde por encima de cualquier prurito ideológico está el ser humano. Bajo este entendimiento es que debemos interpretar, actuar y responder al éxodo hondureño, no sólo porque hemos experimentado la exclusión, la discriminación y la violencia de nuestros connacionales en el país vecino, sino porque en nuestra sangre llevamos un gen libertario que, a través de la historia, nos ha hecho abrazar altos ideales de justicia y democracia, los cuales han reivindicado las causas del pueblo mexicano y las de otros pueblos hermanos para quienes nuestro cielo ha sido consuelo y nuestro suelo un hogar.

Es momento de reconocernos a nosotros mismos, en lo que somos y en lo que significamos. Sólo así podremos reconocer a los otros e incluirlos en nuestra individualidad y colectividad.

La seguridad, la oferta laboral, la soberanía y la prosperidad no están comprometidas con la llegada de los centroamericanos, quienes la comprometieron visten de seda y calzan de piel. Los verdaderos peligros y riesgos están en todo lo que sale y entra por la frontera norte, tanto lo visible e invisible, lo tangible e intangible. El peligro no está en los desposeídos, sino en la manera de pensar de quienes lo tienen todo y aún quieren más.

Criminalizar el hambre y la pobreza es un discurso cobarde que perpetúa la desigualdad, la discriminación y la inaccesibilidad de oportunidades. Si somos verdaderamente demócratas y justos tenemos que poner en primer lugar a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los hombres y a las familias que están en busca de una posibilidad de vida, techo y alimentación. Si somos honestos, no podemos negar que son ellas y ellos quienes pueden encontrar en nuestro territorio sufrimiento y muerte en manos de las redes delictivas.

La compasión, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos no se contraponen al orden y a la legalidad, incluso, son complementarios.

No le tenemos miedo a las y los centroamericanos sino a la debilidad de las instituciones mexicanas. No vemos a nuestras hermanas y hermanos migrantes de Centroamérica, en realidad, son el azogue tras el espejo que permite vernos a nosotros mismos.

El éxodo Centroamericano es un drama humano que muchos no se atreven a mirar y menos a entender porque no saben aún qué hacer con el propio.

LA PUERTA GIRATORIA DE LA JUSTICIA.

LA PUERTA GIRATORIA DE LA JUSTICIA.

Como enviados por un rayo del Olimpo aparecieron Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo. En coincidencia temporal, se producen el reblandecimiento de las acusaciones contra Javier Duarte y las disposiciones de una jueza que impiden perseguir al exdirector de Pemex implicado en la trama Odebrecht. El caso César Duarte se ha hecho cada vez más raro en la prensa. Con esos dos pájaros de cuenta, suman 22 gobernadores con acusaciones o expedientes abiertos, más los que se acumulen en las próximas semanas de este interregno. La impunidad se asoma en todos estos ejemplos, y, por desgracia, son unos pocos entre miles.

Han pasado décadas de discusión sobre los cambios al sistema de justicia; reformas constitucionales y legales van y vienen. La conclusión del público es que no ha habido cambio significativo y palpable en la voluntad política y en la capacidad institucional para que la justicia llegue a la gente ordinaria y se inhiban el crimen y la corrupción, se castigue a los culpables y se repararen los daños ocasionados a las víctimas.

A esa impunidad se suma otra, igualmente lamentable, que es la práctica de la persecución a los enemigos políticos. Con todas las reservas del caso, si el señor Gómez Urrutia y la señora Elba Esther Gordillo son inocentes, ¿cómo fue que la PGR los persiguió sin fundamento jurídico? ¿Acaso la Procuraduría integra los expedientes con el propósito de que los acusados puedan ser liberados cuando ya no conviene políticamente mantener activos los procesos? ¿Son los jueces y magistrados tan corruptos que sentencian libertad teniendo pruebas de la culpabilidad? En cualquier hipótesis la justicia está en bancarrota irreversible.

Policías, ministerios públicos, jueces y magistrados carecen de credibilidad alguna. Gozan de cabal desprestigio, y la sociedad está indefensa ante el crimen, así venga del poder político o de criminales organizados. Mientras tanto, las Fiscalías General y Anticorrupción están arteramente detenidas por motivos políticos, lo que hace cómplices a los obstructores.

Esta lamentable realidad se suma al panorama dantesco de las violaciones a los Derechos Humanos. El país está ensangrentado por autoridades cuya obligación primordial es proteger los derechos humanos como lo dispone el artículo primero constitucional: «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…». Lejos de disminuir, las violaciones aumentan, como también lo hacen los delitos de «orden común».

Las cárceles están llenas de personas, generalmente pobres, acusadas de delitos no graves; de jóvenes arrestados por fumar marihuana en la calle, de mujeres y hombres que han delinquido por asuntos menores. Los capos del crimen organizado, en cambio, pagan abogados especializados en defender a criminales, corrompen y amedrentan a fiscales y jueces, y salen por la puerta giratoria para continuar sus actividades ilícitas con absoluta naturalidad. Los que reciben la atención de las autoridades de Estados Unidos son deportados a veces, pero ahí paramos de contar.

El nuevo gobierno, casi en puertas, tiene frente a sí un desafío gigantesco, que implica reconstruir el Ministerio Público, cumpliendo con la creación de las Fiscalías General de la Nación y Anticorrupción, reconstruyendo el Sistema Nacional de Seguridad y la coordinación de los órdenes de gobierno en el plano de combate al crimen.

Tiene también el deber de ofrecer una política creíble de protección de los Derechos Humanos. Y para todas las tareas cuenta con muy poco tiempo. Las expectativas mayoritarias exigen resultados palpables en el corto plazo. Nadie está dispuesto a esperar. Para la agredida y ofendida ciudadanía sería prudente ofrecer un panorama claro y cierto de las medidas que implementará el gobierno a partir de que inicie la cuenta regresiva, el 1 de diciembre. Y una señal de buena fe podría darse si las bancadas mayoritarias se pronuncian inequívocamente y sin demagogia sobre estos graves problemas.

ESTADO ENFERMO.

ESTADO ENFERMO .

Por primera vez en mucho tiempo no soy optimista. No por el dinosaurio que se niega a morir , ni por la oligarquía que todavía lo alimenta .Sino en el contexto internacional y la disfunción orgánica del Estado donde están las verdaderas amenazas.

El desencanto con la democracia recorre el mundo. Abusos, corrupción, partidocracia, debilidad institucional, y algo que podríamos definir como diabetes de Estado, es decir gobiernos obesos que han ido paulatina pero consistentemente gangrenando sus órganos y perdiendo sus capacidades para resolver desde las cosas más simples, como recoger la basura, hasta las más complejas, como brindar seguridad, son síntomas que se repiten en mayor o menor medida en muchos países. La respuesta estos males ha sido el voto por la extrema derecha. Lo que está por suceder en Brasil se suma a lo que ya sucedió en Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Suecia, Austria, Grecia, Holanda, Polonia, etcétera.

El inminente triunfo de Bolsonaro en Brasil es fruto del fracaso de los sucesivos gobiernos de izquierda envueltos en escándalos de corrupción, pero principalmente en la ineficiencia y falta de respuestas a las demandas de las clases medias. Algo similar sucedió con el gobierno de Obama en Estados Unidos cuyo gobierno, incapaz de tomar decisiones, abrió la puerta al triunfo de Donald Trump, o en Francia, Austria o Italia donde la ultraderecha ha crecido a la sombra de gobiernos democráticos, de izquierda o de derecha, pero igualmente inoperantes.

El Estado diabético se vuelve impotente y la búsqueda de gobiernos fuertes, que sean capaces de ejecutar decisiones, las que sean, se convierte en clamor popular. La añoranza de seguridad, certeza jurídica y bienestar social encuentra en el otro distinto, sea el migrante, el de preferencias sexuales diferentes o creencias ajenas, el origen de todos sus males. Xenofobia, homofobia, racismo, intolerancia religiosa crecen como tumores del Estado diabético.

El gran reto de López Obrador, y vaya que tiene muchos, será regresarle las capacidades al Estado y hacer que los mexicanos volvamos a creer en la democracia. Esto requiere mucho más que un buen discurso, que sin duda ayuda, o frenar la corrupción, que es indispensable. En México, sanar al Estado pasa fundamentalmente por el tema de seguridad, por quitarle al crimen organizado los territorios y funciones que ha usurpado, pero también por el buen funcionamiento del gobierno, tanto en lo referente a servicios, como salud y educación, como en las instituciones y relación entre poderes.

Polarizar al país y debilitar las instituciones democráticas en un Estado ya enfermo puede convertirse en un boomerag político. Eficiencia y prudencia son las claves en el nuevo entorno; la peor tragedia para el primer gobierno de izquierda en décadas sería que terminara, como en Brasil, abriendo la puerta a la extrema derecha.

“JAVIDÚ “ Y LA JUSTICIA

“JAVIDÚ “ Y LA JUSTICIA

Jaime tiene 20 años. Actualmente cumple una sentencia de 8 años por el delito de robo simple.

Cristina es una mujer injustamente acusada de robo. Conoció a la culpable del delito que le imputaban estando en prisión. Demostró con un video del C5 que se encontraba del otro lado de la Ciudad al momento del robo. Aun así, fue sentenciada a 12 años de cárcel.

Al «Gato», un hombre transexual recluido en el Penal Femenil de Santa Martha, lo acusaron de un delito ambiental y cumple una pena de 13 años.

Alejandra denunció en múltiples ocasiones a su esposo por violencia y abuso. No aguantó más la indolencia de las autoridades que nunca la ayudaron y, cuando el hombre iba a violar a su pequeña hija, lo mató. Fue sentenciada a la pena máxima de homicidio.

Miguel, un joven de 21 años, indígena y sordomudo, es acusado por robar una computadora. Nunca ha tenido una defensa que sepa el lenguaje de señas y no entiende por qué está en prisión. Actualmente cumple una sentencia de 13 años 6 meses.

Carmen purga una sentencia de 14 años, acusada por firmar cheques a nombre de su jefe para autorizar gastos. Los cheques no son parte de las pruebas y la única «evidencia» en su contra es el dicho de su jefe.

«Michoacán» está presa en el penal femenil de Santa Martha de Acatitla. La acusan de «mula», por transportar droga en su cuerpo. En su declaración, menciona que tenían secuestrada a su hija y la amenazaron con matarla si no movía la droga. Actualmente cumple una sentencia de 10 años lejos de su familia.

«Toño», un hombre indígena, cumple una pena de 8 años por vender huevos de tortuga. El trueque de los mismos, es parte de los usos y costumbres del lugar donde vivía, declaró al ser detenido.

Jaquelín y Nancy nacieron en una familia de secuestradores. Desde que tienen memoria, su papá se dedica al delito de secuestro. A los 18 y 21 años, respectivamente, en una redada, fueron detenidas y llevadas a prisión. Hoy, cada una cumple una sentencia de 33 años.

Alejo, acusado por homicidio, no tiene una sola prueba en su contra ni antecedentes penales. Lleva 18 años en prisión y le faltan 30 más.

Fernanda está en prisión hace un par de años, tiene 23 años de edad y una sentencia de 10 por el delito de robo a un puesto de camarones.

A Javier, conocido en prisión como «Javidú», lo acusan del mayor desfalco a las finanzas públicas en la historia de nuestro país. Habría utilizado decenas de empresas fantasma, una red para triangular recursos y un sinfín de prestanombres para dejar en bancarrota Veracruz, estado del que fue gobernador. Los días pasados le dictaron sentencia: 9 años de cárcel, una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y el decomiso de 40 propiedades.

El caso de Javier Duarte no solamente es uno de injusticia dolorosa para los mexicanos, es un ejemplo de nuestro sistema de justicia penal.

El costal de delitos expuestos en los últimos años por organizaciones de la sociedad civil, víctimas y las autoridades parecen estar solo en nuestra imaginación y no en la realidad de la justicia. Las acusaciones quedaron como simples procesos muertos o en «investigación» ya que al exmandatario no se le han podido -no se le han querido- imputar.

Tenemos un sistema de impartición de justicia que pena la pobreza, un sistema, que, por corrupción e impunidad, ha dejado libre a los más peligrosos y encarcelado a quienes no tienen recursos para defenderse. En nuestro país, los delitos que más dinero dejan son los más rentables, ya que otorgan el soporte económico para que, en caso de requerirlo, se contraten abogados cuyos honorarios rondan en los 5 millones de dólares, por defender casos como este.

Además de la ola de indignación y enojo, el caso Duarte evidencia de nueva cuenta que, en México, la cárcel es exclusivamente para los pobres.