ARRANQUE DE AMLO.

ARRANQUE DE AMLO.

Cuando un gobierno, del partido que sea, inicia con una alta expectativa, sus decisiones suelen generar intensidades en todos los sectores. La cuarta transformación que encabeza el presidente de la República,Andrés Manuel López Obrador, llegó a un primer periodo de evaluación, los cien días. En los que diferentes voces de la sociedad han señalado aciertos y desaciertos, dudas, incertidumbres, así como el reconocimiento a políticas como el combate a la corrupción.

Más allá de las pasiones, López Obrador ha sabido reconciliarse con diferentes sectores, aún cuando muchos de sus colaboradores cercanos han saltado de ocurrencia en ocurrencia; su acercamiento con los empresarios ha logrado generar un clima de confianza en materia económica; aún cuando los pronósticos de los especialistas no vaticinen un gran crecimiento para este 2019.

Entre sus aciertos, el combate al robo de combustible dentro y fuera del propio Pemex, ha sido bien visto tanto por la sociedad civil, como por la iniciativa privada, y una vez superado el tema del desabastecimiento, la medida se ha reconocido como justa y necesaria. No así los recortes a las estancias infantiles y los centros de atención a las mujeres que sufren violencia, y aún cuando el gobierno federal se ha esforzado en ofrecer diferentes explicaciones, ha sido para algunos, uno de sus pocos desaciertos.

Sin duda alguna, el mandatario sabe cómo tener la agenda mediática y mantenerla a su favor; sus viajes en vuelos comerciales le consiguen la aprobación del grueso de la población, aunque genere dudas en los sectores especializados que lo ven sólo como una forma de mantener su imagen y derrocar la figura del presidencialismo que tan desgastada está en estos tiempos.

Nadie quiere que al presidente le vaya mal, y aunque su relación con los medios de comunicación se mantiene con altas y bajas, las voces criticas ya empiezan a jugar un contrapeso importante, a un gobierno que además cuenta con un pleno respaldo del congreso y el senado, donde el Movimiento de Regeneración Nacional que llevó al poder a AMLO, es mayoría.

Hasta el momento la buena popularidad del presidente tiene que ver con el corto ejercicio de poder, cien días son muy poco para ver resultado en los temas trascendentales, aunque dejen ver el comportamiento del gobierno frente a las políticas públicas, el desgaste natural del ejercicio del poder, y el éxito o fracaso de los grandes proyectos como el Tren Maya, la Guardia Nacional y el crecimiento económico, serán los que confirmen o condenen la tan mencionada cuarta transformación al final de este año.

LA GUARDIA NACIONAL.

LA GUARDIA NACIONAL.

La aprobación de la Guardia Nacional, la nueva institución pública cuya misión será garantizar y preservar el orden público y la paz social en el país, descubrió múltiples aristas para la construcción del necesario debate nacional. Sin embargo, la cuestión toral es que se trata de El Proyecto de Estado para hacer frente a la tragedia nacional del desbordamiento de la violencia y criminalidad en el país. Una decisión de Estado, en un momento apremiante, con una visión integral.

Plantear quién en las fuerzas políticas gana o pierde frente a los términos en que está siendo creada la nueva institución -votada por unanimidad en la Cámara de Senadores, también aprobada en la de Diputados y posteriormente avalada por al menos 17 Congresos estatales- no es la sustancia en este momento, aunque en la dialéctica política se intente lo contrario.

El nivel de consenso logrado en el Senado, no visto en años, trasciende toda postura política y devuelve la atención a la importancia de hacer un manejo estratégico de las instituciones del Estado, en circunstancias cruciales, para bien de la sociedad. Un cambio que ha sorprendido a propios y extraños.

Sólo hay un ganador y ese es el pueblo: el ciudadano de a pie, todos nosotros, quienes contaremos en breve con una institución que operará bajo un enfoque táctico más que reactivo para combatir la pesadilla de la violencia e inseguridad desbordadas. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día, al menos en lo que va de este 2019, son asesinados en el territorio nacional 97 mexicanos, un índice que ubica al país entre las naciones con mayores niveles de violencia en el mundo. Comenzar a recomponer esta situación, bajo un nuevo paradigma que se desvincula de la improvisación y la omisión cómplice, por decir lo menos, es la diferencia entre el antes y el ahora. Por ello, la Guardia Nacional es concebida como El Proyecto del sexenio.

Ante el tamaño del desafío que tiene la nueva institución, habrá una «Coordinación Operativa Interinstitucional», externa a la Secretaría de Seguridad Pública, con un carácter dual, que tomará las decisiones centrales de ese nuevo órgano del Estado mexicano. Es decir, la coordinación estará conformada por autoridades civiles, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y castrenses, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina Nacional.

Queda claro que no se hizo a un lado la presencia táctica, estratégica y de disciplina de los militares. Por el contrario, y de acuerdo con el dictamen aprobado en el Senado, habrá una «homologación» de la estructura, disciplina y capacitación de los nuevos miembros de la Guardia Nacional al régimen de responsabilidades utilizadas por las fuerzas armadas. Orden, control, disciplina y sentido del deber, serán norma institucionalizada en los cuerpos policiacos.

La Guardia Nacional, de naturaleza civil, pero con una composición dual de militares y civiles dotará de instrumentos estratégicos en la formación y operatividad de los policías, que tendrán como principal reto, en los próximos 5 años, «salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas».

Se trata del fortalecimiento de la seguridad pública en el país: la presencia militar garantizará orden, disciplina, profesionalismo, control, pero, sobre todo, compromiso con la nación, como lo ha dicho el propio Secretario General de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González.

Quedarán en el pasado circunstancias oprobiosas como cuando los gobernadores se lavaban las manos» y dejaban la responsabilidad de la seguridad pública de sus entidades a los cuerpos castrenses, sin que hubiera un marco legal de competencia.

El que la Guardia Nacional surja con absoluto respaldo de las fuerzas políticas a iniciativa del Ejecutivo Federal, es buena señal, pero mejor aún que la sociedad vea que el compromiso se convierte en realidad.

AMLO, EMBRUJO POPULAR.

AMLO, EMBRUJO POPULAR.

EL presidente Andrés Manuel López Obrador es un político fuera de serie. A las 6 de la mañana rinde un informe con los resultados de ayer y la propuesta de mañana. Fija la agenda del día, y no le molesta que los periodistas que asisten a estos eventos mañaneros le hagan preguntas peliagudas con el fin de hacerlo incurrir en una réplica inadecuada, fuera de lugar. Casi a diario realiza una gira por todo el territorio nacional. Está en contacto permanente con el pueblo, al que ofrece programas asistenciales, como los apoyos económicos para las personas de la tercera edad, a todas las personas de 68 años en adelante, a las amas de casa, a los labradores, a las familias sin servicios de salud pública, y otros ofrecimientos a las franjas de la población en estado de pobreza.

El Peje sabe comunicarse con el pueblo. Le habla en lenguaje llano, salpicado de frases coloquiales, como cuando les dice con todo el ímpetu arrollador de su discurso, de que está harto de la corrupción e impunidad heredada de regímenes pasados. Obvio que esta manera de comunicación le encanta a toda la población pobre, olvidada por el modelo económico neoliberal, que hace a los ricos más ricos y más pobres a los pobres.

Día a día crece la popularidad de un Presidente que duerme pocas horas del día. Las jornadas de trabajo las inicia a temprana hora y las termina en la madrugada. Es posible que algunos miembros de su Gabinete no aguanten este ritmo arrollador de ejercer el poder. Y a contrapelo, sus adversarios tienen la manía de no disfrutar esta desmesurada manera de gobernar. Se tiene la impresión de que les gana la envidia, mientras El Peje sube en popularidad, diga lo diga, ofrezca lo que ofrezca. En él todo es virtud, ganancia política; los que están enfrente sufren toda clase de penuria moral, ética.

A algunos medios de comunicación les gana el arrebato ante la manera de hacer política del Mandatario presidencial y de algunos de sus colabores. El Presidente no atiende a los que poseen riqueza en exceso, mal habida. La envidia de las clases económicas empoderadas, corroídas por la descarada manera de apropiarse de la riqueza nacional, exudan desencanto por el bien ajeno, ante la posibilidad de que muy pronto les llegue el látigo justiciero de Andrés Manuel. En pocas palabras, AMLO cada día gana más adeptos, en la medida en que sus adversarios retroceden cada día, están más cerca de la incredulidad, ante el empuje de las mayorías depauperadas. Los conservadores no toleran que haya alguien más alto; por tal razón estiran las invectivas en esta nueva época en la que el gobernante está más cerca de cumplir su ofrecimiento de acabar con los privilegios que tienen a la Nación postrada en la inanición.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador el gozo se está yendo al pozo. El Ejecutivo delega responsabilidades a todos sus colaboradores, los hace partícipes del encantamiento popular, pero a condición de que cumplan su encomienda. Están retoñando los verdaderos ideales que dan sentido a la existencia. Esta es la razón del embrujo popular de Andrés Manuel.

“EL HUACHICOL”

“EL HUACHICOL”

El robo de combustible es una manifestación de la corrupción de México que empezamos a conocer. Y sin embargo, el huachicoleo funciona en lo esencial bajo el mismo modus operandi que el narcotráfico y que el crimen organizado en general. Hay jefes, operadores, bases de apoyo y, sobre todo, hay autoridades sin cuya complicidad no habría negocio. Por ahí hay que empezar a combatir el fenómeno, por donde comienza: por arriba. Hay que ir primero por los políticos que lo han solapado y por los funcionarios que lo han hecho posible. Por cierto, si como la gran mayoría de los mexicanos el presidente López Obrador está seguro de que el ex director de Pemex no se mandó solo en las trapacerías del sexenio pasado, si como ha dicho está convencido de que su jefe las ordenó, es su obligación usar su poder para que el ex presidente sea investigado, enjuiciado y en su caso castigado. La impunidad es el componente de la corrupción que permite perpetuarla, y hace el mismo daño para atrás que para adelante.

El caso de los ladrones que operan fuera de la cosa pública es distinto. Queda claro que a los capos y sus compinches hay que perseguirlos y mandarlos a prisión; la pregunta es qué hacer con los pueblos huachicoleros. Cierto, cometen un delito y deberían ser sancionados, pero cuando comunidades enteras participan en actividades ilícitas la logística es más complicada. ¿Cómo arrestar a cientos o miles de personas que, además, no respetan al gobierno y están dispuestas a desafiarlo? Aquí entran en juego dos consideraciones: 1) de algunos se puede decir que la pobreza los orilló a delinquir, como ha ocurrido con los campesinos que cultivan droga, pero a quienes por ambición decidieron enrolarse en algún cártel no se les puede llamar víctimas de su circunstancia; 2) la debilidad del Estado mexicano se gestó en la corrupción e ilegitimidad de muchos gobiernos, pero su fortalecimiento no se va a dar en automático por la llegada de un presidente popular. En suma, en el pueblo hay buenos y malos, y para combatir a los segundos se requiere que los primeros conformen instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia limpias y sólidas.

Vuelvo al principio: para contrarrestar la corrupción y la criminalidad se requiere empezar por castigarlas en las cúpulas. Quiero pensar que pronto veremos a políticos y funcionarios de altos vuelos enjuiciados, porque hasta ahora da la impresión de que la 4T es reticente a ejercer la acción penal, sin la cual no hay cruzada anticorrupción que valga. En México se suele premiar la deshonestidad y castigar la honradez, y ese es el incentivo perverso que lo ha corrompido. Cuando eso se invierta, cuando convenga más ser honesto que corrupto, nuestro país se redimirá. La redención no vendrá del contagio, por más que el ejemplo sea clave; vendrá de normas escritas realistas que se cumplan sistemáticamente, de penas impuestas a los pillos y no a los incautos.

El huachicol es síntoma de una grave enfermedad. Acabar con él presupone impulsar el bienestar de nuestra sociedad, con un mejor nivel de vida para todos y más y mejores oportunidades para los jóvenes, sin duda, pero también aplicar leyes justas y castigar a los corruptos. Las ganancias de los delincuentes son mayores que cualquier subsidio gubernamental, y en la medida en que permanezcan impunes la senda delincuencial seguirá siendo más atractiva para muchos mexicanos.

AMLO ANTE VENEZUELA.

AMLO ANTE VENEZUELA.

Venezuela se encuentra en un escenario complejo. Las rupturas internas podrían desembocar en un conflicto armado. Gobiernos de distintas latitudes han manifestado posturas contrarias. La administración de AMLO ha declarado su intención de llamar al diálogo. Ya presentó en la ONU un plan para realizarlo. Sin embargo, hay sectores que califican este posicionamiento como una neutralidad cómplice o incluso como un acto cobarde. ¿Es así?

En el ciclo reciente, desde 2014 a la fecha, los intereses de EE.UU. en Venezuela se convirtieron en acciones concretas. La influencia de la potencia mundial logró impactar negativamente en la economía y política del país bolivariano. El gobierno venezolano no ha sabido gestionar favorablemente a una oposición que se alimenta en buena medida de la crisis generada y de los errores del chavismo.

Encabezados por Trump y Bolsonaro, otros gobiernos del continente han reconocido al autonombrado presidente interino. Juan Guaidó, con base a una particular interpretación de tres artículos de la Constitución venezolana, dice ser hoy el jefe de gobierno. Además de contar con un sustento legal débil, el proceso carece de legitimidad. El hecho de que se ponga en juego la mayor reserva de petróleo en el mundo hace cuestionar el aparente interés por la crisis en derechos humanos y en la economía que existe actualmente en Venezuela.

Maduro no aporta soluciones. Lejos de contribuir a un esclarecimiento de las denuncias de autoritarismo, corrupción y legitimidad democrática, el hasta hoy presidente venezolano no atendió las recomendaciones para garantizar un proceso electoral transparente el año pasado. En ese mismo tenor, cuando la oposición obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional Maduro provocó que se anulara la capacidad de gestión del poder legislativo.

La compleja situación de Venezuela es utilizada como nuevo factor de polarización. Mediáticamente es fuerte el discurso de necesaria disputa: o se apoya a Guaidó o a Maduro. No tiene que ser así. Denunciar hechos autoritarios y la mala gestión de Maduro no significa necesariamente estar a favor de la intervención de EE.UU. en Venezuela. Cuestionar la legitimidad y los intereses que apoyan al supuesto presidente interino tampoco significa avalar todo el chavismo.

Así los ánimos, no han faltado las voces que tildan de insuficiente la postura de la administración de AMLO frente al complejo escenario de Venezuela y sus repercusiones internacionales. Se le acusa de ser neutral, y por eso estar de parte de Maduro. En el creciente contexto de polarización, la descalificación personal se utiliza como argumento, desde allí, se señala a López Obrador de cobarde por su política exterior en este proceso.

Sin embargo, la postura conjunta de los gobiernos de México y Uruguay dista de ser neutral. El comunicado conjunto demanda con urgencia «a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática» y propone «un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos».

Así, hacer una apuesta firme, clara y radical por la solución pacífica de los conflictos en el marco de un diálogo democrático, está muy lejos de ser un acto cobarde, mediano o cómplice. Todo lo contrario. En medio de tanta polarización, que suele ser utilizada por posturas radicales para satisfacer sus intereses (expoliación de recursos naturales, venta de armas, control de rutas de narcotráfico), son más que necesarias las iniciativas que tengan la voluntad de mantenerse en una apuesta por construir una salida no violenta.

Pedro Sánchez está de visita oficial en México miércoles y jueves de esta semana. El presidente del Estado español ha sido uno de los mandatarios que desde la UE presiona a Maduro y le insta a convocar a elecciones con la amenaza de reconocer a Guaidó. López Obrador tendrá la oportunidad de refrendar su postura de resolución pacífica y sin intervención, respetando la libre determinación de los pueblos.

REACCIONES.

REACCIONES.

¿ Qué tanto se justifican las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por su reacción ante la tragedia de Tlahuelilpan? Las comparaciones ilustran.

El 22 de abril de 1992 a las 10:09 empezaron a explotar las concentraciones de gasolina fugada en una amplia zona de Guadalajara. Fue enorme la destrucción en bienes y vidas. Carlos Salinas se trasladó a esa ciudad por vía aérea a las 14 horas y se acercó al lugar de los hechos a las 19 horas. A las 10 de la noche visitó a los heridos en el Hospital Civil. Durante esas horas iba repartiendo promesas: «se hará una profunda investigación», se «encontrará a los culpables», «habrá justicia». Un cuarto de siglo después, El Informador de Guadalajara recordó el hecho con un texto al cual pusieron una entrada propia de obituario: «A 25 años de distancia no hay un solo sentenciado por este hecho».

El 5 de junio de 2009 estalló un incendio en la Guardería ABC (subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social) en Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. El presidente Felipe Calderón andaba por Quintana Roo y desde allá expresó su «profundo dolor» y envió sus «más sentidas condolencias a los familiares». Al día siguiente -cuenta La Jornada- llegó en el avión presidencial a las 18:27; recorrió hospitales y prometió a los familiares de las víctimas que verificaría cómo habían ocurrido los hechos para deslindar responsabilidades. Dejó Hermosillo una hora y 20 minutos después.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, una de las bandas del crimen organizado que asolan Guerrero, desapareció a 43 normalistas de Ayotzinapa y asesinó a algunos más. A la semana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó el silencio y la pasividad del gobierno federal diciendo que se trataba de «un asunto del ámbito local». Al onceavo día, el presidente Enrique Peña Nieto expresó en un mensaje que se sentía «profundamente indignado y consternado»; la turbación de su ánimo no le alcanzó para viajar a Ayotzinapa y presentar en persona sus condolencias a los padres y las madres de los desaparecidos.

Podría seguir varias cuartillas relatando casos que demuestran un patrón: nuestros últimos presidentes se quedan paralizados cuando sucede una tragedia en la cual está involucrado algún agente del Estado. Bloquean la empatía y son incapaces de ponerse en el lugar de las víctimas y compartir con ellas su sufrimiento.

Importa poco si la reacción ha sido consciente o inconsciente. Lo relevante es su incapacidad para conectarse en el plano emocional, porque hacerlo, los confronta con la primera regla no escrita del actual sistema político mexicano: «no afectarás la impunidad de tus semejantes». Alterar esa norma va en contra de los tejidos de corrupción que conocemos. En lugar de eso avientan promesas irrealizables, crean comisiones que terminan arrumbadas en la bodega de los tiliches y usan mil y un recursos para cansar a las víctimas.

La reacción de Andrés Manuel López Obrador ha sido diametralmente opuesta. Estaba en Aguascalientes y cuando se enteró de la explosión se subió en una camioneta con unos cuantos acompañantes. En cuatro horas ya estaba en el lugar de los hechos donde se reunió con los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública y Pemex para afinar las medidas que tomaría su gobierno. Desde entonces trae el tema entre las prioridades, con lo cual transmite interés y cercanía a los afectados.

Es por supuesto prematuro asegurar aquí y ahora que el método y las medidas seguidas por el presidente son acertados o erróneos. Por eso mismo llama la atención la virulencia de algunas críticas condenándolo por aquello que no explicó o dejó de hacer. Cuánta fuerza tienen las vetas de odio que motivan a quienes invierten parte de su tiempo buscando demostrar la maldad e ineptitud del presidente.

Es probable que en algunas semanas o meses tengamos evidencia sobre las bondades de su actuación y la gravedad de sus pecados capitales o veniales. Llegado el momento, y con evidencia, habrá que condenarlo o aplaudirlo. Por ahora la comparación me permite asegurar que supera con creces a otros presidentes en la capacidad para mostrar empatía hacia las víctimas de tragedias.

RECUPERAR EL CONTROL.

RECUPERAR EL CONTROL.

Cuando se toma un poco de distancia de lo que está pasando todos los días en las calles con el desabasto de combustible, aparece un país con graves deformaciones y un Estado que no sólo ha sido capturado, sino que es saqueado cotidianamente en sus recursos. Ese es el problema de fondo del robo de combustible. Sin ninguna duda la recuperación del Estado pasa por desmontar este negocio criminal.

El escenario cotidiano: un plan del gobierno para terminar con el robo de gasolina; se abren y cierran ductos, se reparan y se vuelven a perforar; largas colas de automovilistas para cargar gasolina y estaciones cerradas; sectores empresariales denuncian pérdidas millonarias; hay malestar ciudadano, pero existe apoyo mayoritario a la estrategia; se reproduce una enorme cantidad de opiniones y juicios en los medios y en las redes sociales. Desde el 27 de diciembre, cuando se anunció el plan para combatir este delito gigantesco, se ha instalado en el país la primera crisis importante para el gobierno de AMLO. Los resultados dependerán de cómo siga la situación del desabasto y cuánto tiempo dure; también será muy importante la forma en la que se enfrente penalmente el delito para castigar a los culpables dentro y fuera de Pemex.

El combate al robo de combustible que enfrenta el nuevo gobierno es una complicada prueba sobre la viabilidad inmediata del país. A medida que se conoce cómo se agravó el delito, hasta llegar a niveles insoportables, se puede tener conciencia de los niveles de descomposición a los que ha llegado México. El robo a Pemex tiene una larga historia y no pasaba nada; la autoridad estaba completamente ausente porque era parte del negocio. Lo mismo sucedía con el famoso huachicol, en donde la noticia era cómo aumentaban las tomas clandestinas todos los días y no pasaba nada, no había responsables, ni castigo. Los reportajes se multiplicaban, la investigación periodística de Ana Lilia Pérez acumulaba libros -«El cártel negro» y «Pemex RIP»-, pero no pasaba nada. Se sabe que el robo de combustible se hace desde los altos niveles, pasando por el personal profesional y el sindicalizado. ¿Por qué los gobiernos anteriores de Fox, Calderón, Peña Nieto se hicieron cómplices o voltearon hacia otro lado y dejaron que el delito creciera hasta representar 60 mil millones de pesos al año?

Esta crisis pone a prueba las capacidades del Estado en diversos niveles: para rescatar los bienes públicos de Pemex que han sido saqueados por el crimen, para establecer la frontera entre el Estado de derecho y la criminalidad y terminar con la colusión de intereses y la impunidad, para responder a las expectativas ciudadanas y cumplir con la oferta de combatir la corrupción. El negocio ilegal de combustible tejió una poderosa red desde dentro de Pemex que llega a distribuidores, dueños de gasolineras, y se ha reproducido por el crimen organizado. Un negocio multimillonario.

La decisión de combatir el robo y desmontar el negocio tiene un amplio consenso social, se aplaude y se apoya la decisión del gobierno, pero se critica la estrategia por el problema del desabasto, y por la deficiente información con la que se ha enfrentado la crisis de estos días.Ya se anunció que hay 1 700 carpetas de investigación penal contra los responsables del delito. Se espera que toda la red de ladrones sea procesada, desde los más altos niveles hasta los más bajos, de adentro y de afuera, personal sindicalizado y de confianza. Ya vimos que ante la emergencia el líder del sindicato petrolero, Romero Deschamps, un día aplaude al presidente y al día siguiente busca un amparo.

Hasta ahora la crisis mantiene la confianza ciudadana en la estrategia del gobierno, un 63% le cree y un 73% prefiere acabar con el robo, aunque no haya gasolina por un tiempo (Reforma, 11/I/2019); un 89% está de acuerdo con el combate al huachicol (El Financiero, 14/I/2019). Desmantelar el negocio es la meta .

POR SEGURIDAD NACIONAL.

POR SEGURIDAD NACIONAL.

La lucha frontal contra el robo de combustible mucho se justifica porque los gobiernos anteriores no lo hicieron y eso da al gobierno actual una fuerza enorme, pero al mismo tiempo le confiere un impostergable deber: atender de forma diligente la agenda nacional y de manera preponderante la seguridad nacional.

El combate a las mafias que roban y comercializan combustible ha sido elegida como la primera de las opciones presidenciales. Yo creo que la decisión es correcta. Un gobierno no puede ver cómo en sus propias narices lo desangran. Debe usar todos los medios a su alcance, incluso pedir el apoyo de la población, para conseguir el objetivo y creo que la población debe apoyar a su gobierno. Tratar un tema con la etiqueta de seguridad nacional debe incentivar a la unidad y por lo tanto se debe renunciar a partidizarlo (el tema supera las diferencias partidistas) o usarlo para librar anémicas disputas con analistas y críticos. El gobierno está por encima, defendiendo el interés nacional y al formular un objetivo de seguridad nacional (en buena lógica) construye una narrativa suficientemente englobadora para poder conseguir el apoyo más amplio y no estar debatiendo el tema como si fuera cualquier otro objetivo.

En otras palabras, debe articular un discurso político acorde con la gravedad del asunto ,debe explicarse apropiadamente (a través de voceros especializados) en todos los medios de comunicación el alcance de la estrategia para que puedan a su vez los medios explicarles a sus oyentes y no conjeturar o especular. En una crisis los vacíos informativos son veneno. Si es un asunto de seguridad nacional y considero que es el caso, todos debemos apoyar al presidente y su gobierno que en este caso no está tratando de obtener objetivos políticos menores para satisfacer su ego o tratar de tomar ventaja en otros temas, sino atendiendo una emergencia.

Me parece claro que el principal enemigo del gobierno (y el de todos) son ahora quienes perforaron el ducto que conecta Tuxpan con la Ciudad de México y lo hicieron dos veces según nos ha informado el mismo Presidente. Esto no es una polémica política, es un desafío abierto (criminal y si me apuran terrorista) a su gobierno, a su autoridad y a su capacidad de imponer el orden. A mi juicio se debe responder en consecuencia con unidad y vigor.

Además considero que si el combate al huachicol se ha dado a través del cierre  de ductos, debería complementarse con un trabajo de inteligencia financiera. Yo creo que las gasolineras en este país han sido una fuente terrible de explotación (no pagan sueldos), de falta de integridad (no despachan litros completos) y de convivencia con la economía criminal (porque muchas compran y venden gasolina robada). Me permito sugerir que con la fuerza política del gobierno y su decisión de enfrentar el problema imponga mecanismos draconianos para que en los “mercados legales” se inhiba la venta de combustible robado. Si atacas los puntos de venta del combustible robado, igual que sucede con el contrabando, los productos piratas, los autos robados, como deberían hacerlo con los celulares también, el negocio criminal puede reducirse y para el Estado es más fácil enfrentar grupos económicamente disminuidos.

Me parece, en suma, que el país debe asumir actitudes congruentes y enfocar esta crisis con la óptica de seguridad nacional.

PEMEX. CAPTURADO.

PEMEX. CAPTURADO.

La cruzada lanzada por el gobierno federal contra el robo de combustible ha puesto al descubierto cómo los múltiples tentáculos de una compleja, pero bien organizada red de corrupción, penetró el corazón de Pemex, creció aceleradamente y se diversificó con la connivencia de las autoridades.

La rapiña que aparentemente inició con la comercialización informal de gasolina en apenas un puñado de municipios, se convirtió rápidamente en una auténtica industria del saqueo. Según el documento «El robo de combustible: asalto a la nación», del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, uno de los detonadores fue la implementación de la reforma energética con la liberalización del mercado y el alza de precios del combustible.

A partir de ese momento, la coexistencia entre el robo de combustible -o huachicol- y el mercado de hidrocarburos involucró al mercado formal, a través de las gasolineras fijas que aceptaron gasolina a un precio menor o aquellas que empezaron a cobrar el faltante con litros que no son de a litro. Pero también incluyó al mercado negro en el que participan miembros del crimen organizado con acceso a buenos niveles de información sobre operativos, responsables, infraestructura, ductos, transporte, tiempos de extracción y operaciones financieras. Algunos de estos grupos operan mediante el saqueo clandestino, con ayuda de familias enteras, como una rama más de sus diversas actividades delincuenciales. Pero también lo hacen a través de canales legales. La amplia investigación de Guadalupe Correa llamada «Los Zetas Inc.», dedica todo un capítulo al funcionamiento de los cárteles como corporaciones, así como su incursión trasnacional en el mercado de hidrocarburos.

Esto puede explicar por qué mientras en 2004 existían 102 tomas clandestinas, para el 20 de diciembre de 2018 el número se había disparado a 12 mil 581 de estas tomas. Los estados que encabezan la lista del huachicoleo son Puebla -en donde opera el llamado «triángulo rojo»-, Hidalgo y Guanajuato.

El caso Pemex es una fotografía de la corrupción sistémica en México. Estaríamos frente a lo que Salcedo y Garay llaman reconfiguración cooptada del Estado o captura. Se trata de acciones coordinadas que han trastocado las reglas de las instituciones, manipulándolas y dejándolas al servicio de intereses particulares.

Por ello, la solución no se puede limitar a un asunto de policías y ladrones jugando a las vencidas. La estrategia debe de incluir acciones que vayan más allá de la vigilancia de instalaciones y el cese de servidores corruptos. Estos deben de ser investigados a cabalidad para generar información estratégica.

Se necesita conocer sobre el proceso de cooptación de funcionarios, sus fuentes de financiamiento, el destino de los recursos generados, el número, tipo y jerarquía de los actores que conforman la red y las formas de relación social establecidos. También se debe de contar con información que permita conocer el nivel de resiliencia de la estructura, es decir, la capacidad que tienen para resistir ataques de las agencias de seguridad del Estado sin desarticularse.

Nadie en su sano juicio puede estar en contra de atacar actividades que representan un desfalco público de 60 mil millones de pesos al año. Pero con las herramientas y la planificación necesarias, habrá abasto en poco tiempo, se restaurarán las tomas clandestinas y no se reabrirán otras fugas y el saqueo de detendrá hasta que la industria levante.

EL P.A.N DESQUEBRAJADO

El PAN es un partido en decadencia. Desde 2000 y hasta el 2012 tuvo el control del país, y algo le pasó. Los panistas degeneraron rápidamente, y de enarbolar un discurso donde proponían cambiar “para bien” a México, en la práctica se corrompieron de forma rauda, se hicieron insensibles y provocaron una de las mayores catástrofes que ha vivido la nación: una guerra donde decenas miles de personas han muerto y donde decenas de miles han desaparecido.

En las elecciones presidenciales pasadas, en alianza con el PRD y MC, quedaron en un lejano segundo lugar. Por más que quieren, los del PAN no logran estructurarse ni estructurar una línea política clara: no saben si son de derechas, de centro o de izquierdas. No saben si son neoliberales o liberales, si conservadores o algo distinto. No saben cuáles son sus convicciones o si tienen alguna, si la ética les importa algo o si vale siempre más el dinero, los lujos y el poder.

A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, los del PAN (que ya habían sido oposición con el PRI de Enrique Peña Nieto, pero que en realidad eran una oposición más de amigos que de verdadera oposición) no saben qué hacer ni cómo reaccionar. Sus banderas están desechas, porque el partido en sí está desecho.

Intentaron mediante muchas formas, construir un discurso de oposición a Andrés Manuel y a Morena, pero lo que estructuraron resultó absurdo: que no queremos una dictadura, que no queremos autoritarismo, que no queremos a Nicolás Maduro…

Su nivel de análisis fue tan burdo que, en la reciente discusión sobre el presupuesto, protestaron porque AMLO no contempló una reducción a los aumentos que ellos mismo habían aprobado en legislaturas pasadas.

Es decir, el PAN, desde hace ya varios años, es una caricatura. Una verdadera caricatura, tan caricatura como su ex líder, Vicente Fox Quesada, quien es el hazme reír.

Pero vino el 24 de diciembre y la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y del senador y ex gobernador de esa misma entidad, Rafael Moreno Valle.

Y los panistas piensan que se ganaron la lotería: le apuestan a lucrar con la muerte de dos de los suyos.

El percance que sufrió la aeronave de Moreno Valle y Alonso Hidalgo es lamentable. Hasta ahora, las investigaciones oficiales (han pasado poco más de 24 horas) se han llevado en plena transparencia. Ha habido tres conferencias de prensa y se ha informado de las pesquisas. No se le puede reclamar nada a las autoridades.

Para nadie es un misterio que Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo, eran dos políticos cuestionados, que sí, tenía poder y posiciones políticas, pero también un rechazo fuerte de amplios sectores sociales, no solamente en Puebla, sino en todo el país.

El hecho donde murieron los dos políticos, lamentable en sí mismo, ha pasado a ser usado de forma política por el PAN.

Si bien es cierto ha habido comentarios en redes sociales donde se critica a Moreno Valle y a su esposa, y donde incluso personas (con una falta de respeto enorme) han celebrado su fallecimiento, el uso político de la tragedia de forma sistemática lo ha hecho el PAN.

Y esto es así porque al panismo, que estaba destinado a ser una oposición sin bandera, sin ideales y sin convicciones, le aparece un hecho que observa como una oportunidad política. Y por eso lo están transformando (con toda falta de ética y a base de mentiras) en una bandera para golpear a Andrés Manuel.

Sí, los panistas ven la muerte de dos de sus miembros más prominentes en un posible accidente como una oportunidad política.

Un partido ético, con convicciones, que sabe que vive en un modelo democrático y que lo respeta, no actúa como lo ha hecho el PAN a raíz de la muerte de Moreno Valle y Alonso Hidalgo. Y es que, hicieron de este trágico incidente un discurso de golpeteo político.

Los panistas han buscado convertir en mártires de un “gobierno asesino” a Moreno Valle y a Alonso Hidalgo. Es decir, transformaron la tragedia de dos personas en una bandera para dañar a un adversario. Han tratado, pues, de responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador de la muerte de los dos poblanos.

El clímax de esto fue el abucheo que panistas le hicieron a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el funeral de Moreno Valle y de Alonso Hidalgo. Le gritaron “asesina”, “fuera” y “justicia”. Evidentemente, usan la memoria de sus correligionarios recién fallecidos para golpear a un grupo político.

Eso es muy ruin, pero lo están haciendo los panistas. Lo hacen a costa de Moreno Valle y de quien fuera, por unos pocos días, gobernadora de Puebla.

Así pues, para muchos panistas, las muertes de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso no fueron una tragedia, sino que significaron sacarse la lotería. Y tan es así, que lo están demostrando: ahí están las evidencias.